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¿NECESITAMOS MÁS LEYES Y SEGUIR DESPILFARRANDO RECURSOS?…

                                                                                           ..Nuestro confuso sistema jurídico es uno de los cimientos sobre el que la burocracia se convierte en un fin en si misma...

Bandera CR

Cuando se estaba formulando el proyecto de la actual ley de tránsito, en el último gobierno de Arias, en una reunión con la ex-ministra Lic. Karla González y con su ex-viceministra, Lic. Viviana Martín comenté que su efecto en las infracciones, en la seguridad vial y en la prevención de accidentes sería mínimo, si no se complementaba con un programa de educación y con la aplicación del primer decreto (La Gaceta 100 – Jueves 25 de mayo del 2006, DECRETO 33148-MOPT, -Ver: https://alephcr.wordpress.com/tag/consejo-nacional-de-vialidad/que se formuló en ese periodo, sobre la obligatoriedad de la señalización vial.
Siete años después y de una larga lista de accidentes, muertos, heridos y pérdidas en nuestras vías, aún no vemos ninguna intención seria de los gobiernos de concretar un plan efectivo en el que se destinen recursos para, al menos, mitigar esas pérdidas irrecuperables, salvo unos pocos casos, en los que el diseño y las licitaciones incluyeron una excepcional demarcación, como en el caso de la vía a Guacimal. ¿Deberíamos contar la de la calle “pre-pago” conocida como la ruta 27?
Recientemente, en el Segundo Evento del Congreso Nacional de Arquitectura, se lo volví a indicar al viceministro del MOPT, Ing. Vinicio González, quién reconoció su importancia y cómo, mientras estudiaba en Londres, constató que el permiso de conductor otorgado en Costa Rica, no le servía allá, por lo que debió realizar intensos y costosos cursos teóricos y prácticos para poder optar por esta obligatoria credencial…
Mientras tanto, seguimos arriesgando nuestras vidas y recursos, en vías cargadas de agresivos conductores improvisados y de señales ausentes que nos obligan a tener que recurrir a nuestras capacidades telepáticas y adivinatorias aumentadas para poder transitar y protegernos.

En la misma línea, me lo planteaba con la “ley contra la violencia intrafamiliar” o sobre el pasado paquete fiscal o,…o,… o…
La pregunta que surge, en relación con todas estas “loables iniciativas” es: ¿han servido de algo, éstas leyes y normativas y se han cumplido los mínimos objetivos por las que fueron creadas?

Antes de concluir el pasado gobierno, el Lic. Dennis Aguiluz, (asesor jurídico del Colegio de Arquitectos, mientras me tocó fungir como presidente de su junta directiva) me comentaba que estaban contabilizando las leyes y decretos vigentes en Costa Rica y que estaba horrorizado porque ya “excedían 25.000, las primeras y 38.000, los segundos, sin contar aún los reglamentos y normativas en uso, algunos de los que databan desde la colonia”
Lo anterior contrastaba con los marcos jurídicos de países muchísimos más complejos  como México o Colombia que no superaban ni 5.000 cada uno….

Lo paradójico de todo ésto es que seguimos midiendo la productividad de los ilustres representantes en la Asamblea Legislativa por la cantidad de normas que emiten, sin valorar su pertinencia y en especial la competencia de quienes las formulan.

  ..Las regulaciones son, a menudo, "un 
asesino silencioso que mata miles de empleos"...
Stephen Harper, Primer Ministro de Canadá
(http://www.libremercado.com/2015-05-02/canada-obligara-a-eliminar-una-ley-por-cada-nueva-ley-aprobada-1276546604/)

¿Para qué más leyes y cargas impositivas si, nuestros tributos sólo sirven para cubrir las incontenibles planillas públicas y los “servicios” de la deuda “eterna”, no para realizar obra pública como motor del desarrollo nacional?

En las actuales condiciones de nuestro país, ¿no sería más responsable, “purgar” todas las irrelevancias del sistema, para facilitar, acelerar y promover la reactivación socio-económica, asfixiada por el hipertrofiado afán regulatorio, en vez de seguir promulgando “deportivamente” leyes y decretos “en el viento” para que todo el mundo, funcionarios y administrados” se los salten, en especial cuando dichas normas son contradictorias, omisas, descontextualizadas, sin más sustento que responder a intereses particulares, completamente divorciados de los generales o incluso de tratados internacionales que, tenemos la obligación y compromiso de aplicar y respetar. ¿Ejemplos? Las leyes de protección de la propiedad intelectual o los tratados de Libre Comercio, de derechos humanos, etc.
Al respecto,

  • ¿No es una desfachatez que muchos funcionarios institucionales utilicen impune y descaradamente, programas informáticos ilegales o piratas, mientras nos exigen el pago puntual y creciente de impuestos, cargas y tributos?
  • ¿Qué clase de normas debemos respetar, cuando deben ser interpretadas por quienes sólo las deben aplicar?, Por ejemplo, en materia tributaria…
  • ¿Cómo se pretende aumentar la recaudación, acribillando a la producción?
  • ¿Qué objeto tienen las “camisas de fuerza” que alimentan nuestra pesada tramitología si no protegen ni al ambiente, ni contribuyen a un desarrollo armónico y eficiente?
  • ¿Tiene sentido seguir alimentando un ridículo y anacrónico “estado confesional” para que los representantes de iglesias y sectas sigan succionando al erario público y estafando al pueblo?
  • ¿Por qué no apostamos por una verdadera educación, como antídoto de la anti-democrática ignorancia imperante?
  • ¿Cuándo vamos a definir un verdadero proyecto país que. enmarque todo el sistema jurídico y establezca el rumbo hacia el futuro que todos deseamos y podemos alcanzar?…

Sin este marco de referencia nacional, toda acción no pasará de ser más que una absurda ocurrencia. Sólo con la Educación como factor de cambio, evitaremos que el panorama se nos convierta en irreparablemente tenebroso…

La Responsabilidad es de todos, actores y espectadores, sin ella nos espera una ominosa factura que no podremos honrar…

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